Principio de economía procesal y barreras burocráticas en el Nuevo Código Procesal Constitucional: percepción de operadores jurídicos del Segundo Juzgado Constitucional de Lima

Resumen

La Ley 31307, que aprobó el Nuevo Código Procesal Constitucional del Perú, prohibió el rechazo liminar de las demandas de tutela de derechos y obliga a los jueces a admitir incluso pretensiones manifiestamente improcedentes. El estudio tuvo como objetivo determinar la percepción de los operadores jurídicos sobre la incidencia de esta regla en el principio de economía procesal y en la duración de los procesos constitucionales. Se empleó un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, transversal y de alcance descriptivo. Participaron 80 operadores jurídicos del Segundo Juzgado Constitucional de Lima (69 abogados y 11 magistrados), quienes respondieron un cuestionario tipo Likert validado por juicio de expertos. El 61,3 % consideró que admitir toda demanda constitucional afecta la economía procesal; el 58,8 %, que la admisión indiscriminada compromete la tutela procesal efectiva; y el 55,0 %, que la prohibición del rechazo liminar incrementa la inseguridad jurídica. Además, el 56,3 % discrepó de que el nuevo código favorezca la celeridad procesal. Se concluye que, para la mayoría de los operadores, la regla introduce trámites sin valor para la decisión, por lo que conviene evaluar mecanismos de calificación preliminar que preserven el acceso a la justicia constitucional.